Narcos desesperados

Por Javier Ibarrola


La “desesperación” de los cárteles de las drogas va en aumento y los ataques a todo tipo de instancia federal refleja ya un plan de guerra, esa guerra que el gobierno de Felipe Calderón había emprendido desde el primer día de su mandato, sin que el motivo –la detención de un capo- sea lo suficientemente convincente para aceptar este terrible embate.
Al narcotráfico, por lo menos así nos lo ha hecho ver en innumerables ocasiones, lo que menos le importa es perder sus cabezas, pues de inmediato surgen otras que toman el negocio en sus manos.
La detención de Arnoldo Rueda Miranda, (a) La Minsa, supuesto importante operador del cártel de La Familia es señalada por la autoridad como la causa de la violencia desatada en por lo menos cuatro estados de la república, enfrentamientos que han causado más bajas en policías y soldados que en delincuentes.
El caso es que el presiente Felipe Calderón está convencido de que estos ataques a la autoridad federal se debe a la desesperación de los narcos por los “golpes” que les ha dado el estado.
Y en esta tormenta nunca vista, en la que no sólo quedó demostrada la gravedad del riesgo sino el desdén del crimen organizado hacia la autoridad del estado, se anuncia una especie de juicio sumario contra el Ejército, por un caso de supuesto desaparición forzada ocurrido hace más de 30 años, acicateado por la prensa yanqui que no repara, por ejemplo, en el hecho de que la CIA ocultó información al Congreso de su país sobre casos de tortura en Guantánamo, Cuba.
Por otra parte, organizaciones no gubernamentales, como Human Right Watch presiona al gobierno de Barak Obama para que no le de dinero a México, en tanto no castigue a su Ejército, al que acusa de torturador, por decir lo menos.
Insiste esa organización en no entregar el dinero previsto en la “Iniciativa Mérida” hasta que los militares mexicanos que llegaran a cometer actos violatorios a los derechos humanos, sean juzgados por la justicia civil.
En una palabra, allá quieren volver a los tiempos de la “certificación” y aquí el gobierno guarda silencio. Pues ¿cuánto vale el Ejército?
Con este panorama y con una guerra con varios frentes abiertos, el Ejército estará sujeto al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando en agosto próximo ponga sobre la mesa la cuestión de la validez o no del fuero de guerra, normatividad que se aplica a los militares que cometen algún delito.
Desde su nacimiento formal, las fuerzas armadas han estado sujetas a una doble taxativa jurídica. Al militar se le aplica la compleja legislación castrense, al miso tiempo que como ciudadano está obligado a cumplir con la normatividad común.
A lo largo de la historia reciente, digamos de la administración del general Antonio Riviello, secretario de la Defensa Nacional de Carlos Salinas al actual Guillermo Galván Galván , el alto mando militar ha preferido “el silencio a la estridencia”, por lo menos hacia fuera del instituto armado.
Lo último fue el señalamiento del general Galván en el sentido de que “el fuero de guerra –apéndice universal de justicia- condensa el espíritu que el constituyente previó en la ley suprema para lo castrense, calculando la normalidad, no la excepcionalidad. El sistema de justicia militar de ningún modo ha pretendido escapar de la magna norma jurídica”, pero poco se ha hablado del tema.
En 1999, el entonces Teniente Coronel y Licenciado Eduardo Enrique Gómez García, hoy ya retirado y dedicado a labores académicas, con un doctorado en su haber, participó en el Congreso Nacional El Fuero de Guerra. Su Constitucionalidad. Con una ponencia titulada Derecho y contenido del derecho castrense.
Esta es una de las partes medulares de su ponencia que hoy debería ser considerado, dado el rumbo que están tomando los acontecimientos:
“El ejército es instrumento que el Estado ha de aplicar a los fines últimos de su supervivencia, por ser el elemento coactivo estatal por excelencia y cuya actuación es decisiva, y sólo debe de usarse del mismo cuando la razón de su intervención corresponde a la altura de la propia institución. Es el recurso extremo que si se emplea con desproporción a su esencial finalidad, sólo se logra su desprestigio e ineficiencia, y cuando realmente sea necesario, se encontrará agotado e inservible. Las dictaduras que para hacer sentir su autoridad se sirven del ejército, cuando llegan al momento de su crisis ven con asombro que el ejército no existe, que lo han mal empleado en objetivos impropios, que lo han degenerado en instrumento inútil para vencer el peligro que, por naturaleza, estaba llamado a dominar”.

De Imaginaria

Mensaje personal: Mi general, no creo que estén “defendiendo cuentas de cantina”. Prefiero pensar que siempre hay tiempo para luchar contra la santa inquisición.

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