Las trampas de la disciplina

Por Javier Ibarrola

Las reformas y adiciones al Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, decretadas apenas el pasado día 22, marcan sin duda una de las encrucijadas más complejas a las que se haya enfrentado jamás el Ejército Mexicano.
Lo que pareciera un simple movimiento legislativo a un reglamento interior, tiene una importancia mayor de la que pudiera pensarse, sobre todo cuando el instituto armado se acerca a un debate nacional sobre la prevalencia o no del fuero de guerra, debate para el cual parecería no estar preparado.
El fuero de guerra ha sido profesionalmente hasta ahora quizá uno de los espacios en donde los abogados no especializados en la materia militar, o que no forman parte de las fuerzas armadas, se han mantenido al margen del ejercicio profesional.
El Sistema Educativo Militar ha fallado igualmente en abrir esos espacios para la formación de abogados militares que hoy tendrían más capacidad profesional para debatir el fuero de guerra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Prácticamente al cuarto para las doce, el presidente Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván firmaron el decreto por medio del cual se autoriza al Procurador General de Justicia Militar a representar al presidente de la república en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad (…) en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo Federal, pudiendo ser suplido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del citado Reglamento.
La simpleza del movimiento es que anteriormente sólo se refería el reglamento en abstracto a la “Procuraduría General de Justicia Militar” y ahora se personaliza en el Procurador, al que se considera como “el consultor jurídico de la Secretaría (de la Defensa Nacional) en asuntos de la competencia de la misma.
El procurador militar podrá ahora representar no sólo el presidente, sino el secretario de la Defensa, al subsecretario, al Oficial Mayor en los juicios de amparo en los que sean parte.
El caso es que el mes que viene, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirá el fuero de guerra, un tema que ha sido atacado recurrentemente por aquellos que tienen por tarea defenestrar al Ejército y acusarlo, incluyendo de alguna manera al propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de una banda de torturadores y asesinos.
Claman las voces con una incoherencia supina que el Ejército debe luchar contra el narcotráfico, pero respetando los derechos humanos de los narcotraficantes, regla que no aplica para estos últimos. La cartilla de Derechos Humanos que cada soldado porta en la bolsa, no detiene las balas.
De acuerdo con el articulado anterior del reglamento en cuestión, en este debate tendría que haber participado el presidente de la república en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas o bien el propio secretario de la Defensa Nacional.
Ahora, ante un resultado incierto, dado que el tema militar se ha politizado, será el Procurador General de Justicia Militar, en su calidad de consultor jurídico de la secretaría, quien lleve la voz cantante del Ejército en la mesa de debates.
La batalla no será fácil. El ombudsman nacional igual esgrime tesis de grande ingenuidad que trata de desacreditar ahora la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, alegando que no se le permite a la CNDH el acceso a expedientes en curso, fundamentales para realizar su labor (¿?).
El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, le contestó con todo realismo que a esa dependencia “siempre se le ha permitido la consulta de expedientes, pero hay límites”.
Lo mismo ocurre en el Ejército al que no se necesita defender, como dijo alguna vez un secretario de la Defensa, lo que se necesita es defender la verdad, “porque la verdad es la que interesa a todos”.
El fuero de guerra que ha de ponerse en la balanza es la espina dorsal de las fuerzas armadas, es la disciplina misma que hace que el Ejército no sea anárquico y despótico.
Ahora bien, ha quedado demostrado en repetidas ocasiones que en el momento que se demuestra que algún militar viola la ley se procede de manera enérgica y más contra los militares que vulneran los derechos fundamentales, pero “jamás aceptaremos la calumnia y la difamación que produce desorientación y confusión en la sociedad mexicana”.
Y es que el fuero de guerra no es un privilegio, sino un régimen especial y adicional para los militares y una garantía para la sociedad que de esta manera puede advertir que las fuerzas armadas cumplen cabalmente su misión de protegerla”.
Quien pretenda atentar contra su vigencia sólo está poniendo una trampa, cuando no una tentación, para quebrantar la disciplina del Ejército que es la que permite que se mantenga en el cauce estricto de la ley, y no sobrepasar las misiones que la constitución le tiene asignadas.

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