Polito tenía razón

Por Javier Ibarrola


Cuando el general de División, Sergio Aponte Político estaba al frente de la comandancia de la II Región Militar, en la ahora sangrienta Baja California, denunció públicamente que los cárteles han intentado convencer a los mandos militares para lograr un pacto.
Esa declaración y otras que siempre calaron hondo, se han venido confirmando una a una, como es el caso, por ejemplo, del mayor Arturo González Rodríguez, quien prestaba sus servicios en el Estado Mayor Presidencial, y a quien se le acusa de estar coludido con los cárteles de la droga.
Hoy el general Aponte Polito es presidente del Tribunal Superior de Justicia Militar, a punto de pasar a retiro.
Poco se sabe de este oficial: el arma a que pertenece, quien era su jefe inmediato, desde cuando estaba involucrado con el narcotráfico, como se asegura, su trayectoria militar, etc.
El caso es que dentro de esa llamada “Operación Limpieza” emprendida por el gobierno y gracias a la cual se descubrió una red de corrupción de alto nivel, asoma ahora el involucramiento de un oficial del Ejército.
En efecto, el Ejército mexicano no es uno integrado por blancas palomas, como alguna vez lo dijo el general Javier del Real Magallanes, ahora subsecretario de Seguridad Pública federal.
Es decir, no están inmunes a contagios y traiciones, con el agravante de que cualquier falla que pueda ocurrir en sus filas es castigada con las más duras críticas de la sociedad y, desde luego, de las organizaciones no gubernamentales y hasta la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Cualquier falla es fustigada hasta el cansancio e inclusive se llega a actitudes mezquinas para defenestrar su papel institucional, sin importar que en repetidas ocasiones hayan expuesto y perdido la vida al cumplir con su deber.
Y a pesar de todo, los soldados siguen desarrollando actividades contra el narcotráfico y el crimen organizado, pues para el Ejército “la actuación de sus integrantes será siempre dentro del marco de la ley y el respeto irrestricto a las garantías individuales de los ciudadanos, a quienes nos debemos”.
El alto mando militar acaba de advertir que “hoy en día el clima de violencia se ha intensificado” por lo que invitan a la sociedad para que “de manera valiente” denuncien a quienes realizan algún tipo de actividad fuera del marco legal.
Si ejemplos como el que representó en su momento el general Aponte Polito no recibieron la atención debida, hoy la advertencia militar como la intensificación de la violencia debe ser tomada muy en cuenta, no sólo por lo que entraña, sino porque van de por medio todos los planes que pudiera haber puesto en marcha el gobierno con la participación central de las fuerzas armadas.
La participación toral del Ejército en la lucha contra el narcotráfico no sólo está convulsionando el escenario político interno, sino que a raíz de las declaraciones de salida de George W, Bush, en las que advierte a su sucesor que la guerra a vigilar se desarrolla en México.
Y la Guardia Nacional de Estados Unidos se lanza igualmente a recomendar a sus miembros y familias que no visiten México, en especial el estado de Sonora, puesto que la violencia ha alcanzado niveles alarmantes.
Y por analogía simplista, si el Ejército es el encargado principal de luchar contra los delincuentes, pues las críticas veladas y directas en el exterior son precisamente sobre las fuerzas armadas.
Quizá por ello el alto mando militar se ha decidido a advertir públicamente del clima de violencia que campea en todo el país y la forma en que se intensifica día a día. Este incremento en la violencia, así como el aparente uso político que se da a la estrategia militar, puede igualmente obedecer a la creación de un clima de tensión que derive en un objetivo político.
Pero quienes abonan esta posibilidad, deberían tener en cuenta que los soldados no defienden privilegios ni nostalgias, ni mucho menos registran en su agenda arribazones anticonstitucionales.
La disyuntiva podría estar fincada en lo que las fuerzas armadas harían ante un clima político convulso provocado por el incremento de la violencia y la desatención que el gobierno civil tuviera ante esta grave problemática.

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