El bisturí y la espada

Por Javier Ibarrola

Las fuerzas armadas permanentes del país nunca han querido ser policías, está más que dicho. Su formación, vocación y concepción de la patria los lleva a mentalidades superiores que nada tienen que ver con las guerras que un gobierno emprende cuando se ve abrumado por la delincuencia.
Y no lo quieren ser, porque en tanto las agencias policiacas representan el bisturí para operar los males sociales, las fuerzas armadas son la espada que quiérase o no, actúa sin anestesia cuando se trata de amputar la podredumbre del cuerpo.
Toda guerra tiene como único objetivo vencer al enemigo por cualquier medio. Y para eso se preparan los soldados, los de ayer y los de hoy.
De ahí el riesgo de mandar a la guerra a una fuerza armada que llegado el momento tiene que limitar su actuación, a pesar de las órdenes recibidas, para que los que ahora son considerados “héroes” no sean calificados después como asesinos.
La guerra contra el narcotráfico, que así se sigue viendo, en efecto arroja ya buen balance, si se acepta la versión oficial que coloca a los narcos en la desesperación al grado de llegar a intentar atentar contra la vida del presidente de la república.
Por eso Felipe Calderón no sólo agradece amplia y públicamente a su Estado Mayor el cuidarlo como lo cuida, sino que ante el propio presidente de Estados Unidos reta a todo mundo a que aporte una sola prueba sobre algún tipo de violación a los derechos humanos que haya cometido el Ejército o la Marina.
(El pasaje vale un paréntesis. Cuando el entonces presidente Gustavo Díaz nombró al coronel Luis Gutiérrez Oropeza, Jefe del Estado Mayor Presidencial, se dio el siguiente diálogo narrado en un pequeño libro escrito por el propio Gutiérrez Oropeza:
“Coronel; si en el desempeño de sus funciones tiene usted que violar la Constitución, no me lo consulte, porque yo, el presidente, nunca le autorizaré que la viole, pero si se trata de la seguridad de México o de la vida de mis familiares, Coronel, ¡viólela!, pero donde yo me entere, yo, el presidente, lo corro y lo proceso, pero su amigo Gustavo Diaz Ordaz le vivirá agradecido”).
La defensa presidencial tiene, sin embargo, su carga política ya que en el Congreso estadounidense se argumenta ahora con singular recurrencia que en tanto México no obligue a sus fuerzas armadas a respetar los derechos humanos –como si no lo hicieran- no autorizarían el restante 15 por ciento de ayuda que infiere la Iniciativa Mérida.
Realmente la ayuda que Estados Unidos envía a México supuestamente para luchar contra el narcotráfico está sirviendo para otros fines, iguales de urgentes y necesarios.
Por ejemplo, el Hospital Central Militar está recibiendo un fuerte presupuesto para mejorar todos sus servicios; con las reservas del caso, como si realmente se tratara de un hospital de guerra.
Desde luego, las órdenes vienen del alto mando, pero la labor del Director de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Augusto Moisés García Ochoa se está viendo reflejada en la modernización del equipo médico que tanta falta hacía en el nosocomio militar.
Quizá el precio sea demasiado alto, pero se tendrá que pagar, no porque así lo demande un senador estadounidense, sino porque esta guerra contra el narcotráfico no tiene para cuando terminar.
Y habrá que acostumbrarse a ello, por difícil que esto parezca. Por lo pronto en cuanto a la acción de la espada, que tendrá que seguir amputando sin anestesia si alguna vez queremos vencer en esta guerra.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilia Álvarez Icaza, se lamenta en su último informe que las denuncias en contra de los soldados se han multiplicado por cuatro y sugiere castigar si palo y sin cuarta a los culpables para “recuperar la confianza”.
Y vuelta a la quimera: “Es que en la lucha contra el crimen esencialmente la mejor manera de combatir el crimen es no cometiendo delitos, es decir al crimen se le combate con la ley, no cometiendo delitos y eso es una lógica que funciona en cualquier país”, dice el ombudsman capitalino.
Donde se pierde él y demás derecho humanistas es en la lógica de la guerra, la cual en cualquier país infiere si no combatir el delito con el delito, sí combatir el crimen con la fuerza letal del estado, que no otra cosa son las fuerzas armadas permanentes.
El Ejército no requiere de recuperar la confianza de la sociedad, puesto que nunca la ha perdido. Aún ahora, cuando se le pregunta a un ciudadano común que prefiere: dejar el campo a la delincuencia o que el Ejército se haga cargo de la seguridad del país esgrimiendo su espada, no dudan en escoger esta última opción.

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