El Ejército lucha por su legalidad

Por Javier Ibarrola

En 1996, los diputados de la LVI Legislatura impugnaron que los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina participaran en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Habrían de pasar 34 años durante los cuales las fuerzas armadas actuaron prácticamente en la ilegalidad en cuestiones de seguridad pública.
En el año 2000, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó seis jurisprudencias para dictaminar que dicha participación, “no viola el artículo 21 constitucional”.
La Corte acordó la publicación de las seis tesis, con carácter de jurisprudencia de observancia obligatoria.
Dichos dictámenes sostienen:
34/2000.-Tratándose de seguridad pública, toda autoridad tiene dos claras limitaciones, no vulnerar las garantías de las personas y no rebasar las atribuciones que la ley les confiera.
35/2000.- El Estado mexicano a través de sus tres niveles de gobierno debe coadyuvar a lograr los objetivos de la seguridad pública, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la constitución confiere a los gobernados.
36/2000.- Es constitucionalmente posible que el Ejército Fuerza Aérea y Armada en tiempo en que no se haya decretado la suspensión de garantías, pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas de seguridad pública.
37/2000.- Las Fuerzas Armadas están constitucionalmente facultadas para actuar, acatando órdenes del Presidente de la República, cuando existe una situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
38/2000.- Las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, en materia de seguridad pública, cuando estas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen.
39/2000.- La participación de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, no viola el artículo 21 constitucional.
En aquellos 34 años México era otro país y otros gobiernos hicieron de él lo que les vino en gana, llevándose en su negra praxis a mandos militares que también poco se preocuparon por lo que se venía encima.
Hoy la situación es harto distinta y los ex presidentes se encargaron de destapar la cloaca que obligó al Ejército a hacerse cargo de la seguridad de la nación, no sólo porque así lo ordena la Constitución, sino porque la sociedad se vio de repente en completo estado de
Indefensión y gobernado por una clase política timorata e inexperta.
Pero el Ejército no cayó, o no ha caído, en la trampa y lucha por obtener su propia legalidad. Es así que primero advirtió a la clase política civil que el Ejército robustece al Congreso y de hecho a los tres poderes de la unión, declaración que espantó a los legisladores al extremo de recomendarle “prudencia” al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
Pero el alto mando militar no se dejó intimidar por decidores profesionales y en febrero pasado volvió a insistir a los legisladores que deberían ponerse a trabajar para reforzar las tesis de la Suprema Corte y darle al Ejército un basamento legal.
Sin embargo, en el Congreso flota un aire enrarecido. Se atienden las iniciativas presidenciales sobre seguridad pública, pero no se habla de quienes tienen a su cargo las políticas y estrategias para mejorarla.
No sólo parecería que le están cobrando cuentas al secretario de la Defensa Nacional, sino que hay grupos empeñados en que la sociedad tenga la visión de que el Ejército actúa en la ilegalidad.
Ahí está por ejemplo el arresto que diez presidentes municipales de Michoacán, acción nunca vista, y un nutrido grupo de funcionarios públicos por sus presuntos nexos con el narcotráfico, realizada por elementos del Ejército en apoyo a la Procuraduría General de la República.
Debería quedar muy clara y transparente la facultad del Ejército para intervenir en estas acciones, y esto no se logrará si no sale del congreso.
Y por si algo faltara, el próximo 2 de junio se reunirá el Consejo Nacional de Seguridad Pública para evaluar el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, “que espera definir las líneas del combate a la delincuencia organizada para los próximos años”, según declaró el senador panista Felipe González.
¿Qué significa esto, que se va a replantear todo a la mitad del camino? Ya se le olvidó al presidente que no hay que cambiar de caballo a la mitad del río?
De ser así, al gobierno de Felipe Calderón ya no le quedaría tiempo para hacer nada.
Y lo peor es que para “los próximos años” seguiremos sin cuerpos policiacos bien capacitados y el Ejército tendrá que seguir al frente de dos luchas: contra la delincuencia organizada, que no tiene fin, y aquella que lo lleve a ser una institución legalmente establecida.
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