martes, 24 de febrero de 2009

Control (militar) del Estado

Por Javier Ibarrola

El pasado día 19 el presidente Felipe calderón dio el paso decisivo y final para el futuro inmediato de su gobierno, al darle a las fuerzas armadas la encomienda de recuperar el control del estado.
Apenas hace cinco meses, tres días antes de los atentados terroristas en Morelia, Michoacán la noche del 15 de septiembre, el presidente Calderón había dicho que su meta primordial era “recuperar el control del Estado y de su territorio en todos sus frentes”.
Tan alarmante declaración presidencial se produjo dentro del mensaje pronunciado en el Heroico Colegio Militar, durante la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar.
A partir de entonces, y ante el incremento de la violencia en casi todo el país, y el obvio fracaso por recuperar el control del estado, el presidente fue abonando el terreno para que a nadie sorprendiera su decisión, al grado de sostener públicamente que el éxito del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el 21 de agosto de 2008, “depende precisamente de las fuerzas armadas”, dejando a un lado las demás instituciones comprometidas con la lucha contra la delincuencia.
El nombramiento de militares retirados en puestos de seguridad pública en diferentes estados de la república, e incluso en la Policía Federal Preventiva, no ha dado los resultados que se hubieran esperado, por una simple razón: los militares no son policías, ni quieren serlo, a pesar de que en eso se está convirtiendo el Ejército: un cuerpo de policías vestidos de verde olivo.
Por eso el general Guillermo Galván Galván, antes de conocer públicamente la orden presidencial, hizo una férrea defensa del fuero de guerra y convocó al Congreso a revisar el rubro jurídico, el de derechos humanos, el cívico-militar, la equidad de género el doctrinario y el operativo, para adecuar aspectos de organización y funcionamiento del instituto armado.
Esta defensa es básica para el mantenimiento del imperio de la ley, aunque dicha defensa no quiere decir que se busque otorgar impunidad a los militares, pues se ejercen penas severas a quien quebranta sus preceptos. Pero el alto mando militar aseguró que si las acusaciones contra los soldados no fuesen probadas o formaran parte de “argucia manipuladora o maniobra vengativa, el Ejército respaldará con firmeza a sus integrantes”.
En otras palabras, el poder legislativo debe debatir a fondo para fortalecer las seis jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avalan la participación de los soldados en labores de seguridad pública.
Porque si esto no ocurre, el presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas mandaría a los militares a actuar fuera de la ley, recuperen o no el control del estado perdido por los civiles.
El Ejército puede cargar con el fracaso y perder su esencia militar, sobre todo sino desenmascara a tiempo a quienes pretenden debilitarlo, pues no sólo enfrenta a las bandas criminales de la delincuencia organizada, sino también a la convulsionada situación política del país.
Los partidos políticos, con sus representantes legislativos, parecen no importarles esta lucha. El PAN está más preocupado porque, según el senador Madero, hay una campaña para desacreditar al gabinete de Calderón. Habría que recordar que, por años el PAN consideró al Ejército como el brazo armado del PRI y ahora se parapeta tras sus bayonetas para perpetuarse en el poder, que por lo demás, parece haber perdido ya.
El PRI sigue sin dar importancia al Ejército como factor real de poder, ni siquiera por su potencial electoral (casi un millón de votos por su efecto multiplicador); ni le importa saber que para los militares, el PRI sigue en deuda con el Ejército.
El único que entendió la situación fue Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, al considerarlo “pieza clave para la construcción del país de instituciones, de normalidad democrática, de pluralidad política y social que caracteriza al México de nuestros días”.
La descomposición interna del PRD acabó por alejarse de los militares y ya no invitarlos a sus filas. Sin embargo, después del dislate del secretario de Economía, cuando dijo que si Calderón no hubiera luchado contra el narcotráfico, el próximo presidente sería un narco, el senador perredista Carlos Navarrete dijo: “Me gustaría escuchar al secretario de la Defensa para saber si esa es la situación del país”.
Pero el general Galván arreó parejo, cuando en su mensaje dijo: “Es tiempo de actuar sin cobardía; con coraje, sin ira ciega, de abandonar letargos donde algunos se encuentran”.
Si Calderón acude al Ejército como último recurso para recuperar el control del estado, no debe extrañar que los militares, como ya lo hacen, se metan de lleno al mundo de la política y sostengan, como lo sostienen algunos de sus analistas, que “con la falta de legitimidad, ingobernabilidad social, y empecinamiento en conservar en su gabinete de gobierno y en los principales puestos públicos, a sus amigos y gente inepta, es difícil que Felipe Calderón se conserve en el poder”.

fuerzasarmadas@prodigy.net.mx
www.fuerzasarmadasmexico.blogspot.com

1 comentario:

Geraldina GV dijo...

Coincido con usted desde mi punto de vista ciudadano. Cómo puede el ejército realizar tareas propias de las instituciones policiacas y de seguridad pública civiles?
Tienen la capacidad para realizar las tareas que se requieren para la investigación y persecución de los delitos? O considera usted que se trata ya de una guerra?
Y lo más preocupante es el último párrafo de su colaboración, pues la historia nos ha dado muchos ejemplos de qué sucede con la politización del ejército y la militarización del Estado.
Me interesa su opinión.

Quisiera preguntarle si tiene los datos de las seis jurisprudencias a que se refiere en su nota. Sé que hay un buscador en la página de la SCJN, muy malo por cierto.

Gracias.