El Ejército, garante de la constitución

Por Javier Ibarrola

Tuve la oportunidad el lunes pasado de compartir una mesa de debate y análisis con estudiosos a la altura de Federico Reyes-Heroles, Jesús Silva-Herzog Márquez, Carlos Elizondo Mayer-Serra y el abogado Miguel Sarre, uno de los primeros ombudsman en el país.
Tan destacado panel se dio a la tarea de analizar el fuero de guerra, a partir de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en decisión dividida negó el amparo a la esposa de un hombre que fue muerto por los soldados de un retén militar cuando dicho individuo no hizo caso de la orden de detenerse.
La familia del fallecido buscaba que los soldados en cuestión fueran juzgados por tribunales civiles y no militares, pretensión que ha dado lugar precisamente a un agrio debate sobre la permanencia o no del fuero de guerra.
Otra cosa fue, lamentablemente, cuando un civil se echó encima con su vehículo sobre varios soldados de otro retén, causando la muerte a dos de ellos y dejando muy mal herido a un tercero.
Este tipo de acontecimientos ha llevado a la sociedad civil, al menos a algunos sectores muy relacionados con los derechos humanos y desde luego a organizaciones internacionales no gubernamentales, a cuestionar no sólo la vigencia del fuero de guerra, sino la existencia misma del ejército, pues como lo señaló en la ocasión que trato, el abogado Miguel Sarre se pronunció porque México no debería tener un ejército y, en todo caso, lo que hubiera se integrara directamente a las Naciones Unidas para participar en misiones internacionales de paz.
El punto fino realmente lo puso Federico Reyes Heroles al preguntar al panel si el ejército era el bueno o el malo de la película, porque la sociedad, aunque se manifiesta a favor de la participación del ejército en labores de seguridad pública, hay sectores que lo fustigan porque consideran que el ejército combate el delito con el delito mismo.
No es así, porque a pesar de los argumentos de Carlos Elizondo, basados en los juicios de Núremberg después de la Segunda Gran Guerra Mundial, donde se concluyó que no era atenuante el hecho de que los soldados cumplieron órdenes al cometer las atrocidades que cometieron no sólo los alemanes, sino todos los ejércitos, lo que ocurre actualmente en México no puede tener comparación. El gobierno se empeñó en declarar una “guerra” contra el narcotráfico y para ello empleó al ejército.
Y si lo empleó es porque el ejército está entrenado para cumplir las órdenes que se le dan, desde luego ateniéndose al buen juicio de sus comandantes.
Sin embargo, hay quien se niega a aceptar esta condición y pretende que un soldado vaya a la guerra llevando por coraza su cartilla de derechos humanos y quizá hasta preguntar antes: “oiga, disculpe, ¿es usted narcotraficante? Y si contesta afirmativamente actúa y si no pues se da la media vuelta y se va.
La confusión que se ha dado en torno a la vigencia, necesaria a todas luces, del fuero de guerra, pues después de todo es la regla de oro del sistema judicial militar, tiene tintes eminentemente políticos e intereses malsanos que pretender relegar al ejército a los rincones más oscuros del sistema político nacional.
De ahí la necesidad, señalado en repetidas ocasiones por el alto mando militar, de que el Congreso de la nación trabaje para reforzar las tesis jurisprudenciales de la Supera Corte de Justicia de la Nación y acabar con las laguna jurídicas que arrinconan al ejército en una actividad cuasi ilegal respecto a las acciones que realiza en esta lucha contra el crimen.
Y algo más, y desde luego más importante: el reconocimiento al ejército como garante de la propia constitución, tema que también es cuestionable en algunos sectores políticos que no consideran al ejército como tal. El abogado Serré, entre ellos.
Se ha perdido la oportunidad de que a través de una Reforma de Estado, las fuerzas armadas se modernicen. Quizá, y esto ha quedado dicho, los civiles tienen miedo de los militares, sin pensar que estos lejos están de aspirar al poder, a pesar de que resulta innegable que el militar convive y tendrá que convivir por mucho tiempo más, con los políticos en el poder, pues estos, por múltiples razones, constantemente ocurren al ejército por los motivos ampliamente conocidos por todos.
Desde este punto de vista, lo que sí es deseable y posible es que los nuevos elementos de la jerarquía militar, deben exigir la mencionada reestructuración de las fuerzas armadas, definir sus funciones y señalar con claridad sus atribuciones.
Sólo de esta manera terminará la discusión estéril sobre el papel del ejército dentro del sistema político nacional.

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